Los magistrados consideran que si Boye utiliza su móvil para "comunicarse con personas relacionadas con la defensa de derechos humanos" es "obvio" que la entrega del teléfono para practicar el informe pericial "pondría al descubierto todo o parte" de aquello que Boye desea mantener en su privacidad. Al hilo, la Audiencia Provincial entiende que hay indicios suficientes en la causa sobre una posible intromisión en el teléfono del abogado. Así, hace referencia al informe de The Citizen Lab que obra en la causa.
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